Esa es una de las primeras conclusiones de las mortíferas riadas de la semana pasada en Alemania. En la era digital, los sistemas de alerta fallaron o se mostraron ineficaces, a la hora de la verdad, para desencadenar una reacción inmediata y generalizada de la población.
Además de la vulnerabilidad de la tecnología cuando se interrumpe el suministro eléctrico y la red de móviles y de internet dejan de funcionar, en la catástrofe de Renania pudo haber negligencia política y también, por supuesto, un exceso de confianza de la gente.
Las viejas sirenas de la guerra fría eran más fiables que la sofisticada tecnología digital y los móviles
La mayoría de responsables institucionales niegan que se hicieran mal las cosas y repiten una y otra vez que el volumen de lluvia fue inaudito. Se argumenta asimismo que, si bien los servicios meteorológicos habían avisado, era imposible saber con una mínima antelación los puntos exactos donde las nubes descargarían las gigantescas masas de agua.
Ante algunas voces de la oposición liberal y del partido izquierdista Die Linke que piden su dimisión, el ministro federal del Interior, el socialcristiano bávaro Horst Seehofer, dijo que se trataba de “retórica electoralista barata” (los comicios generales son el 26 de septiembre). El ministro advirtió que la estructura descentralizada alemana es la correcta para encarar estas situaciones. “El centralismo no es una solución”, añadió. Con todo, Seehofer y otros dirigentes de los länder afectados anunciaron una revisión a fondo de lo sucedido para mejorar los mecanismos de alerta de los servicios de protección civil y la coordinación rápida entre autoridades centrales, de los länder y locales. La Federación de Bomberos Alemanes, cuatro de cuyos miembros murieron en las operaciones de salvamento, ha planteado que se cree un centro de investigación permanente para prevenir grandes riesgos.
Ajenos a las controversias políticas, un centenar de habitantes de Erftstadt, al sudoeste de Colonia, hacían cola ayer por la mañana, frente al Ayuntamiento, para recibir una ayuda de urgencia. “Son 300 euros por persona, para atender las primeras necesidades –explicó una vecina–. Salimos de casa a toda prisa, sin dinero y sin tarjetas de crédito. La policía no nos permite volver”.
